El Tribunal Supremo aclara cómo debe aplicarse el principio de proporcionalidad en las prohibiciones de contratar derivadas de infracciones de competencia.
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Se trata de una formación práctica en directo, el próximo 30 de junio, y diseñada específicamente para perfiles públicos técnicos, jurídicos y de intervención de administraciones públicas. Impartido por el experto en CPI Luis Noguera Coll en formato de aula abierta. El programa está concebido para superar los principales retos del ciclo contractual: desde las Consultas Preliminares al Mercado (CPM) y el encaje normativo entre la LCSP y la Ley de la Ciencia, hasta la gestión de la propiedad intelectual (DPII), la redacción de pliegos funcionales y el cierre seguro del expediente con plenas garantías jurídicas y técnicas.
La contratación de servicios jurídicos no es un trámite que pueda hacerse a dedo por confianza. Su mala gestión mediante adjudicaciones directas afecta directamente a la legalidad y a la validez de los contratos públicos. Conoce los efectos de la Consulta 027/2026 de Castilla la Mancha y la STC 65/2024 sobre por qué estos servicios están plenamente sujetos a la LCSP y cómo el procedimiento negociado sin publicidad queda limitado a casos excepcionales bajo riesgo de nulidad.
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La habilitación empresarial no es un requisito formal más. Su mala configuración afecta directamente a la competencia y a la validez del procedimiento. Conoce los efectos de la STS 190/2026 de 21 de enero de 2026 sobre cómo debe aplicarse y porqué.
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