La Comisión Europea ha publicado hoy su propuesta de Public Procurement Act, un nuevo Reglamento europeo que plantea una reforma profunda de las reglas de contratación pública.
La principal novedad de partida es importante: la Comisión propone sustituir las tres Directivas de 2014 sobre contratación pública, sectores especiales y concesiones por un único Reglamento directamente aplicable en todos los Estados miembros.
No estamos, por tanto, ante una actualización menor del marco actual.
La propuesta busca simplificar las reglas, introducir más flexibilidad y reforzar el uso de la contratación pública como herramienta estratégica.
¿Qué propone cambiar?
Menos procedimientos y más flexibilidad
La propuesta simplifica la estructura de los procedimientos de adjudicación.
Plantea fundamentalmente:
- un procedimiento abierto, que puede desarrollarse con o sin negociación;
- un procedimiento dinámico, pensado para contrataciones sucesivas;
- y un procedimiento de innovación, orientado al desarrollo y adquisición de soluciones innovadoras.
La posibilidad de negociar gana, por tanto, mucho más protagonismo que en el sistema actual.
Más peso de la calidad
Otro de los cambios relevantes está en los criterios de adjudicación.
La propuesta establece como regla general la adjudicación sobre la base de la mejor relación calidad-precio y fija unas ponderaciones mínimas para los criterios de calidad.
En concreto:
- al menos un 30 % de criterios de calidad con carácter general;
- y al menos un 50 % en los contratos intensivos en mano de obra.
La Comisión quiere reducir así el peso de las adjudicaciones basadas exclusivamente en el precio.
Más contratación estratégica
La propuesta refuerza de forma clara el uso de la contratación pública para conseguir otros objetivos públicos.
El Reglamento dedica una parte importante a cuestiones como:
- contratación pública verde;
- objetivos sociales;
- accesibilidad;
- innovación;
- seguridad;
- resiliencia y seguridad del suministro.
La contratación pública se concibe cada vez menos como un simple procedimiento de compra y más como una herramienta de política pública.
La preferencia europea gana protagonismo
La propuesta también desarrolla un marco específico de preferencia europea.
Se regulan mecanismos que pueden permitir, en determinados casos, restringir la participación, exigir determinados porcentajes de origen europeo o de países cubiertos por los acuerdos internacionales de la UE, o introducir preferencias en la evaluación de las ofertas.
Es uno de los ámbitos que probablemente genere más debate durante la tramitación legislativa.
Un nuevo ecosistema digital europeo
La digitalización es otro de los grandes bloques de la reforma.
La Comisión propone crear un ecosistema más integrado, basado en:
- sistemas nacionales interoperables;
- credenciales empresariales digitales;
- un servicio electrónico para acreditar la aptitud de los operadores;
- espacios nacionales de datos de contratación pública;
- y un espacio europeo de datos de contratación pública.
El objetivo es reducir cargas administrativas y mejorar la calidad y disponibilidad de los datos.
Importante: es una propuesta
Conviene mantener la calma.
El texto publicado no es todavía el Reglamento definitivo y tampoco empieza a aplicarse ahora. Estamos ante la propuesta de la Comisión Europea.
A partir de este momento se inicia la tramitación legislativa ordinaria. El texto deberá negociarse y aprobarse por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Durante ese proceso pueden introducirse cambios relevantes.
Además, la propia propuesta prevé una aplicación diferida de dos años.
¿Qué viene ahora?
En Gobierto iremos analizando el texto con detalle.
En los próximos contenidos explicaremos:
- cuáles son las principales novedades respecto al marco actual;
- qué cambios pueden tener un impacto real en el trabajo diario de compradores públicos y empresas licitadoras;
- qué cuestiones generan más dudas;
- y cómo avanzará la negociación entre Parlamento Europeo y Consejo.
Hay mucho que estudiar.
Pero, de momento, la idea principal es que Europa ha puesto encima de la mesa una reforma de las reglas de contratación pública y ahora empieza la negociación.
