La contratación de servicios jurídicos no es un trámite que pueda hacerse a dedo por confianza. Su mala gestión mediante adjudicaciones directas afecta directamente a la legalidad y a la validez de los contratos públicos. Conoce los efectos de la Consulta 027/2026 de Castilla la Mancha y la STC 65/2024 sobre por qué estos servicios están plenamente sujetos a la LCSP y cómo el procedimiento negociado sin publicidad queda limitado a casos excepcionales bajo riesgo de nulidad.