Contratación pública estratégica o contratación pública responsable

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La contratación pública estratégica o responsable engloba todo el proceso mediante el cual los poderes públicos tratan de adquirir servicios, suministros y obras con un impacto medioambiental reducido (durante todo el ciclo de vida) y con implicaciones sociales y éticas, en comparación con los servicios, suministros y obras con la misma función primaria que de otra manera se adquirirían.

La contratación pública es una herramienta idónea para implementar y llevar a cabo las políticas públicas de intervención en la vida económica, social y política del país, lo cual permite el cumplimiento de objetivos sociales, ambientales, laborales o de investigación (Comunicación Comisión Europea 2008).

Se establecen sinergias entre poderes públicos, empresas, tejido asociativo y la propia ciudadanía que derivan en la contratación respetuosa con el medio ambiente y que promueven la equidad social. Su finalidad consiste en adquirir el producto o servicio más ventajoso, no sólo para cubrir las necesidades del momento, sino teniendo en cuenta su impacto y beneficios (directos e indirectos) a largo plazo en términos económicos pero también sociales y ambientales, independientemente de que el presupuesto sea limitado.

Contratación pública socialmente responsable (CPSR)

Consiste en la integración de aspectos sociales en los procesos y distintas fases de la contratación pública. Las decisiones responsables de compra pública se orientan en contratar teniendo en cuenta no sólo la mejor relación calidad-precio posible, sino valorando también el método y condiciones de producción y las condiciones laborales de las personas trabajadoras entre otros aspectos.

Su objeto es abordar la repercusión que los bienes, servicios u obras adquiridos tienen en la sociedad, evitando la aparición de efectos adversos durante la ejecución del contrato.

Por ejemplo, se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades de empleo, las condiciones de trabajo digno, la lucha contra el desempleo, la perspectiva de género, el cumplimiento con las obligaciones laborales, la inclusión social de personas en riesgo de exclusión, accesibilidad, responsabilidad social corporativa, la reserva de contratos a Empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo.

La Comisión Europea recomienda en su Guía sobre Adquisiciones Sociales abordar los siguientes aspectos:

Alentar las oportunidades de empleo justas y la inclusión social.
Brindar oportunidades a la economía social y a las empresas sociales.
Promover el trabajo digno (empleo seguro, salarios justos, protección social, igualdad, diálogo social, etc…)
Garantizar la observancia de los derechos sociales y laborales.
Accesibilidad para todas las personas y diseño universales.
Respetar los derechos humanos y abordar cuestiones del comercio ético o justo.
Prestar servicios sociales, sanitarios, educativos y culturales de alta calidad.
Garantizar un gasto público efectivo.

Especial mención a los contratos reservados

Se trata de un concepto estratégico consistente en que una administración pública puede decidir reservar una parte de su contratación para favorecer o fomentar el desarrollo y consolidación de una serie de operadores con un marcado carácter social y que cuentan entre sus objetivos la inserción de personas pertenecientes a colectivos en exclusión. Es decir, los centros especiales de empleo (en este caso los de iniciativa social), las empresas de inserción y los programas de empleo protegido (D.A. 4ª LCSP).

También se abre la posibilidad a reservar ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones de la economía social (D.A. 48 LCSP)

Contratación pública sostenible

La contratación pública ecológica o sostenible (CPE) es una herramienta para el logro de los objetivos de las políticas medioambientales relacionados con el cambio climático, la utilización de los recursos, la producción y el consumo sostenibles y la gestión de residuos (Comisión Europea, 2016).

Según el Manual sobre Adquisiciones ecológicas de la Comisión Europea, son ejemplos de contratos ecológicos o de compra pública verde, entre otros:

Ordenadores eficientes desde el punto de vista energético (Contratación del suministro de ordenadores con criterios ambientales para EITB MEDIA, S.A.U.)
Muebles de oficina de madera sostenible (Suministro de mobiliario de uso administrativo con criterios sostenibles Consell Insluar Mallorca).
Edificios de bajo consumo energético
Papel reciclado (Suministro de papel 100% reciclado para equipos multifunción para el grupo TRAGSA)
Utilización de productos respetuosos con el medio ambiente por parte de los servicios de limpieza (Servicio de limpieza de los espacios y edificios de la Universitat Jaume I, con criterios de sostenibilidad, teniendo en consideración los productos utilizados para los mismos y la mejora de las condiciones de empleo)
Vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones (Suministro de dos vehículos auxiliares eléctricos para Guaguas Municipales, S.A.)
Electricidad procedente de fuentes de energía renovables (Suministro de energía eléctrica generada al 100% a partir de fuentes de energía renovables y/o cogeneración de alta eficiencia al alumbrado público y resto de instalaciones del Ayuntamiento de Barakaldo)

Las instituciones europeas llevan tiempo implantando y promoviendo un modelo de producción y consumo basado en una economía circular y baja en carbono como respuesta al cambio climático y a la necesidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, asegurar un uso sostenible de los recursos energéticos y fomentar la prevención de la producción de residuos, así como su correcta gestión, de acuerdo a criterios ambientales.

La compra verde o ecológica y sostenible (CPE) se basa en incorporar criterios y requerimientos medioambientales en los contratos públicos para adquirir productos y servicios que generen un impacto ambiental global poco significativo, que hagan uso eficiente de los recursos disponibles por ejemplo usando productos reutilizables, energías renovables, garantizar una gestión adecuada de los residuos, exigiendo etiquetado de eficiencia energética, etc…)

Supone un ahorro de energía importante, repercute positivamente en el sistema socioeconómico europeo e internacional de cara al fomento de un desarrollo sostenible y a la generación de empleo seguro. Además convierte a los poderes públicos en referente de consumo responsable para la sociedad. (Comisión Europea, 2016)