La contratación pública no es solo un proceso administrativo de compra; es, o debería ser, una palanca estratégica para implementar políticas sociales, medioambientales y de innovación. Sin embargo, tras cinco años de vigencia de la actual Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), el sentimiento generalizado entre los profesionales oscila entre el agotamiento y la necesidad urgente de reformas. En este episodio de Mesa de Contratación, conversamos con Juan Carlos García Melián sobre la complejidad normativa, la falta de liderazgo institucional y la importancia de simplificar los procesos para no expulsar al tejido empresarial, especialmente a las pymes.
Acerca de Juan Carlos García Melián
Juan Carlos García Melián es abogado especializado en derecho administrativo, con un enfoque que dedica el 90% de su actividad a la contratación pública. Es presidente de la asociación Acreditar, dedicada a promover la transparencia, un interés que nació precisamente al observar las dificultades de acceso a la información en los expedientes administrativos. Con experiencia previa en propiedad intelectual y asesoría a medios, García Melián aporta una visión híbrida entre el rigor jurídico y la necesidad de modernización de las organizaciones públicas y privadas.
Las 10 claves sobre la reforma de la contratación pública
- La profesionalización como eje: La ley requiere un esfuerzo de capacitación que aún no se ha reconocido ni estructurado formalmente en las administraciones.
- El contrato menor y la transparencia: La digitalización ha cambiado las reglas del juego; ahora es extremadamente fácil detectar banderas rojas e irregularidades.
- Contratación estratégica vs. carga operativa: Dividir en lotes para ayudar a las pymes multiplica la complejidad técnica y burocrática para el gestor.
- Simplificación del sobre número uno: Bastaría con una declaración responsable implícita al presentar la oferta para evitar reuniones de mesa innecesarias.
- Control a posteriori: Debemos transitar de un control preventivo paralizante a una fiscalización posterior basada en la trazabilidad de los datos electrónicos.
- Ampliación del recurso especial: Sería un éxito extenderlo a toda la contratación, eliminando recursos ordinarios que no aportan soluciones reales.
- El "miedo" en el lenguaje administrativo: Los pliegos están redactados de forma preventiva, asumiendo que el licitador va a engañar a la administración.
- Planificación obligatoria: Planificar todos los contratos, no solo los armonizados, obligaría a una reflexión que evitaría el uso abusivo del contrato menor.
- Falta de liderazgo público: Existe liderazgo académico y personal, pero falta una institución que marque el camino estratégico y operativo de forma global.
- Fuga de talento: El alto nivel de exigencia y la falta de medios hacen que el personal especializado abandone los departamentos de contratación en cuanto puede.
La conversación con Juan Carlos García Melián
¿Por qué te especializaste en contratación pública y qué papel juega la transparencia en ella?
Empecé interesándome por la transparencia a través de la contratación. En los juzgados, era habitual pelear para que la administración no escondiera documentos del expediente. Por suerte, la administración electrónica ha mejorado la trazabilidad, haciendo que sea casi imposible ocultar información hoy en día. Con el tiempo, me he centrado casi exclusivamente en este ámbito porque requiere una especialización total; es difícil dedicarse a cinco cosas y hacerlas bien con el nivel de actualización que exige esta materia.
El estado del contrato menor
¿Ha supuesto la administración electrónica una revolución para el contrato menor?
Totalmente. Antes, los contratos menores se metían en una bolsa y se enviaban al tribunal de cuentas como un "totum revolutum". Ahora, al publicarse individualmente en las plataformas, descubrir una irregularidad o un fraccionamiento es muy sencillo. El problema es que, aunque la alerta salte, el camino que sigue esa infracción depende de la voluntad de la entidad, pero el control es infinitamente superior al de hace años.
¿Tienen los profesionales ganas de cambiar la ley después de cinco años?
Las ganas de cambio son proporcionales al esfuerzo que exige aplicar la filosofía de la ley. La LCSP pretende ser una palanca para políticas sociales o de pymes, pero eso exige una profesionalización que no se ha dado. Por ejemplo, dividir un contrato en lotes para que entre una pyme exige criterios de solvencia y adjudicación específicos para cada lote. Si no estás preparado y no te dedicas a esto al 100%, el sistema te desborda.
Estrategia y profesionalización
¿Falta una estrategia global de formación para los empleados públicos?
Sí, echo de menos una estrategia orientada a la certificación profesional. Debería existir un sistema donde, según tu experiencia y conocimientos, puedas gestionar contratos de cierta complejidad o importe. Actualmente, muchos empleados se autoforman por voluntad propia, pero la administración no reconoce formalmente ese esfuerzo ni esa especialización.
¿Es la ley un "libro de recetas" para el que no hemos formado a los cocineros?
Exacto. Y siguiendo tu metáfora: no es lo mismo cocinar para cinco personas que para un comedor de 250. Las administraciones están con la cabeza gacha, trabajando sin parar, y no pueden levantar la vista para automatizar procesos. Nos perdemos en formas que no aportan valor, mientras los órganos de control se centran en aspectos meramente formales en lugar de en la finalidad del contrato.
Propuestas de simplificación
¿Cómo se podría simplificar el procedimiento de forma efectiva?
Una idea lógica sería eliminar el sobre número uno. Al enviar la oferta, ya debería entenderse que el licitador declara cumplir con todos los requisitos. Esto evitaría reunir a la mesa para subsanar errores triviales. También se podrían estandarizar fórmulas de adjudicación en la ley; si la administración quiere usar una distinta, que sea entonces cuando tenga que motivarlo, pero no al revés.
¿Es viable un sistema de control a posteriori?
Absolutamente. Con la contratación electrónica, si todo estuviera bien etiquetado, sería fácil corregir cualquier circunstancia después de la adjudicación. Esto agilizaría el procedimiento y nos permitiría centrarnos en lo importante. Muchos casos de corrupción han pasado todos los filtros preventivos actuales, lo que demuestra que el exceso de burocracia a priori no garantiza la honestidad.
El papel del recurso especial y la planificación
¿Qué opinas de ampliar el recurso especial a contratos de menor cuantía?
Sería un acierto. Los tribunales de contratos han sido un éxito, pero no se amplía el recurso por falta de medios. Si se hiciera, nos olvidaríamos de los recursos administrativos ordinarios, que no sirven para nada. Además, esto evitaría que muchos contratos se queden justo en el límite de los 100.000 euros para evitar dicho control. Cuando un contrato roza el límite del recurso especial, suele haber "truco".
¿Por qué se planifica tan poco en la administración española?
La ley solo obliga a planificar los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA), y muchas administraciones lo usan como excusa para improvisar el resto. La planificación obliga a reflexionar, y esa reflexión evita errores y el abuso del contrato menor. Es incomprensible que grandes administraciones no publiquen sus planes de contratación; probablemente sea porque, sencillamente, no los tienen.
El futuro de la gestión y los fondos europeos
¿Son los fondos Next Generation una oportunidad para cambiar el modelo?
La contratación pública no es el instrumento ideal para gestionar fondos de emergencia con estos medios. Si no somos capaces de gestionar los presupuestos ordinarios, añadir este volumen con controles tan complejos es un riesgo. Sin embargo, los decretos de gestión de estos fondos están incorporando experiencias de agilización que deberían trasladarse a la contratación ordinaria.
¿Por qué cuesta tanto que las pymes participen a pesar de la ley?
Porque el lenguaje es críptico y preventivo. Nadie querría contratar con nosotros en la vida privada si usáramos este tono. El empresario siente que la administración parte de la base de que le va a engañar. Una pyme de cinco empleados no puede descifrar un pliego de cláusulas administrativas sin ayuda externa. Estamos perdiendo competencia porque el sistema no es amigable ni sencillo.
¿Qué mensaje darías para mejorar el sistema sin necesidad de cambiar la ley?
Que hace falta liderazgo público. Todo el mundo está inventando la rueda y creando sus propias herramientas de automatización de forma aislada. Si hubiera un liderazgo institucional claro, se podrían compartir estas soluciones. Mucho puede mejorar simplemente cambiando la actitud hacia la contratación, dejando de verla como un trámite jurídico farragoso y entendiéndola como un intercambio económico estratégico.
