En este episodio de Mesa de Contratación, conversamos con Teresa Moreo, funcionaria de carrera con una trayectoria de 24 años dedicada al control del gasto y la fiscalización en la administración pública. Tras su etapa como interventora delegada en la Comunidad Autónoma de Baleares, Moreo analiza el concepto de fiscalización sostenible, la importancia del control previo y los retos que suponen los fondos Next Generation y el relevo generacional para la administración.
Acerca de Teresa Moreo
Funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Comunidad Autónoma de Baleares, Teresa Moreo ha desempeñado el cargo de interventora delegada durante 14 años. Actualmente, en etapa de jubilación activa, compagina la investigación con la formación. Es experta en el control del gasto público y cuenta con un proyecto digital propio donde analiza la actualidad del derecho administrativo y la contratación.
Las 10 claves sobre fiscalización sostenible
- Valor añadido: La fiscalización solo es sostenible si aporta un valor real a la gestión de los fondos; las instituciones permanecen mientras son útiles.
- Cultura del control previo: El control ex ante es fundamental para asegurar el cumplimiento normativo antes de que el compromiso de gasto sea irreversible.
- Complejidad normativa: España sufre de una ley de contratos no solo compleja, sino complicada, que requiere constantes interpretaciones.
- Falta de planificación: No planificar es planificar el fracaso, lo que empuja a la administración hacia contratos menores y tramitaciones de emergencia.
- Control de la ejecución: Existe una carencia de cultura en el control de la ejecución; el órgano de contratación debe ser el primer responsable de vigilar que se cumpla lo pactado.
- Digitalización y dato único: Es urgente avanzar hacia el principio de "una sola vez", donde el dato sea compartido para evitar la saturación burocrática de los gestores.
- Innovación disruptiva: Debemos pasar de la fiscalización basada en el papel y la firma manuscrita a controles basados en el diseño de sistemas y auditorías de procedimientos.
- Especialización técnica: El personal fiscalizador actual necesita una formación continua y específica; hoy el derecho administrativo es tan complejo que ya no se puede saber de todo.
- Independencia con empatía: El interventor debe mantener su criterio independiente, pero es muy recomendable que conozca la realidad de la gestión para asesorar con criterio.
- Foco en el riesgo: La sostenibilidad del sistema pasa por aligerar el control en áreas de bajo riesgo y concentrar los esfuerzos donde existe mayor peligro de fraude o ineficiencia.
La conversación con Teresa Moreo
¿Qué hace que la fiscalización de la contratación sea tan difícil hoy en día?
La fiscalización es incómoda por naturaleza porque evaluamos el trabajo del gestor. En contratación, se suman varios factores: una ley de contratos extremadamente complicada, un doble control (intervención y tribunales de recursos) que a veces no coincide en criterios, y una alarmante falta de planificación. Además, no tenemos cultura de control de la ejecución; parece que, una vez firmado el contrato, las fuerzas que velan por la legalidad desaparecen, dejando solo al promotor y al contratista.
¿Es viable el control total del gasto público?
Es difícil decir que se controla todo. El 50% de la contratación pública en España no tiene control previo. Esto sucede porque muchas entidades de la administración institucional (fundaciones, empresas públicas) están exentas de él, al igual que los contratos menores o de emergencia.
La agilidad en tiempos de fondos Next Generation
¿Debería suprimirse el control previo para ganar agilidad con los fondos europeos?
Soy defensora total de la fiscalización previa. El Real Decreto 36/2020 no la elimina, sino que la reduce a aspectos básicos. La agilidad y la legalidad no son incompatibles. En mi experiencia, el plazo de fiscalización suele ser de 10 días, mientras que el diseño de pliegos técnicos complejos puede llevar meses. El cuello de botella no suele estar en la intervención, sino en la burocratización del proceso.
¿Cómo puede la tecnología ayudar a esta sostenibilidad?
Necesitamos una innovación disruptiva. Debemos pasar al control por diseño y de sistemas. Si los procedimientos de un centro gestor son fiables, la fiscalización debe aligerarse ahí y poner el foco en las áreas de riesgo. También es clave eliminar el "soporte papel" y las firmas triples por anotaciones contables automáticas en el sistema.
El factor humano y el relevo generacional
¿Cómo afrontar el vacío que dejarán las jubilaciones masivas en la administración?
Es una oportunidad de oro para rediseñar puestos. No debemos cubrir plazas por cubrirlas, sino hacer un plan de gestión de vacantes y especializar el perfil del personal. Con los fondos Next Generation, se nos exige un plus de legalidad: control de fraude, conflicto de intereses y el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Esto requiere profesionales que estudien permanentemente.
¿Cómo mejorar la relación, a veces tensa, entre gestores e interventores?
Hay que evitar la desconfianza permanente. El interventor no debe esperar al final del proceso para decir "no"; debe ejercer una labor de asesoramiento previo. Sin embargo, hay un riesgo: si el interventor redacta el pliego, pierde independencia al fiscalizarlo. Es un equilibrio delicado. La autoridad del interventor debe basarse en el rigor de su trabajo y no en la mera potestad de bloquear un expediente.
Futuro y retos de la profesión
¿Qué consejos darías a quienes se incorporan ahora a la intervención?
Lo primero es que entiendan que estudiarán toda la vida. El derecho administrativo es mutante. Además, es fundamental desarrollar empatía: sería ideal que todo interventor hubiera pasado antes por la gestión para entender los problemas desde el otro lado. También deben aprender a elegir sus batallas; no tiene sentido bloquear la administración tres horas por una discrepancia de 80 euros en un contrato menor.
¿Es la fiscalización una forma de compromiso social?
Sin duda. Gestionar los fondos Next Generation es un reto histórico. El control previo ahora sirve para verificar la elegibilidad de los proyectos y asegurar que el dinero llegue a su destino final. No somos solo la "policía del pliego"; somos quienes contribuimos a que el dinero público se gaste donde y como se tiene que gastar.
