La contratación pública ha dejado de ser un mero trámite administrativo de suministro para convertirse en un motor de cambio social y económico. En este episodio de Mesa de Contratación, coincidiendo con el primer aniversario del podcast, contamos con la participación de Pilar Batet, jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón. A través de su experiencia, analizamos cómo la compra pública puede transformar las instituciones, fomentar la innovación y garantizar una sociedad más justa y transparente.
Acerca de Pilar Batet
Pilar Batet es una de las voces más autorizadas y activas en el panorama de la contratación pública en España. Funcionaria de carrera, desempeña el cargo de jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras en la Diputación de Castellón. Aunque reconoce que llegó a este ámbito por azar administrativo, se ha convertido en una firme defensora de la profesionalización y del uso estratégico de la contratación para implementar políticas públicas. Es, además, una pieza fundamental en la creación de redes de colaboración entre profesionales del sector.
Las 10 claves sobre la compra pública transformadora
- Contratación como estrategia: La compra pública ya no es solo abastecimiento de bienes y servicios; es un instrumento para implantar políticas públicas sociales, ambientales y de innovación.
- Impacto en el PIB: Dado que la contratación mueve entre el 15% y el 18% del PIB, es obligatorio utilizarla como herramienta para mejorar la sociedad.
- Integridad frente a la corrupción: La lucha contra la corrupción es una exigencia moral y legal; sin ella, la contratación pierde su sentido y provoca una desconfianza total en las instituciones.
- Innovación desde la demanda: Es más potente que la administración diga qué necesita y que las empresas investiguen para cubrirlo, a que simplemente se inyecten subvenciones sin un cliente de referencia.
- Apoyo a la pyme: Las pequeñas empresas se adaptan mejor a la compra innovadora que las grandes estructuras burocráticas, convirtiéndose en un trampolín para su internacionalización.
- Cambio de cultura sobre el precio: En contratos de innovación o servicios a las personas, el precio no debe ser el factor determinante. Es una inversión, no un gasto.
- Justicia social y reservas de mercado: Cumplir con la reserva de contratos para centros especiales de empleo es una obligación que muchas administraciones ignoran y que es fundamental para no dejar a nadie atrás.
- Protección laboral: La actual ley permite resolver contratos o excluir ofertas si no se garantizan los salarios y derechos de los trabajadores, algo impensable hace unos años.
- Profesionalización y equipo: No basta con que una persona esté convencida; intervención, secretaría y técnicos deben remar en la misma dirección para que los contratos estratégicos prosperen.
- Simplificación y tecnología: La administración electrónica debe dejar de ser farragosa. Necesitamos sistemas intuitivos, visuales y apetecibles tanto para el funcionario como para el licitador.
La conversación con Pilar Batet
¿Cómo ha sido tu evolución personal en este mundo de la contratación pública?
Entré en este departamento por casualidad, porque era la plaza que me asignaron, pero con el tiempo he profundizado en la materia y cada vez me gusta más. Es una disciplina que disfruto porque está viva, siempre surgen novedades y giros. Lo más curioso es que, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que conoces y de las dudas que siguen surgiendo en el día a día. Además, se ha creado un grupo de profesionales con mucha complicidad donde nos ayudamos y apoyamos, lo que hace que todo sea mucho más interesante.
La compra pública como motor estratégico
¿De qué manera la contratación puede transformar realmente la acción pública?
La contratación pública debe ser transformadora porque es estratégica. El concepto antiguo de abastecimiento puro ha pasado a la historia. Desde la Unión Europea se nos indica que es un instrumento para incluir consideraciones sociales, ambientales y de innovación. Teniendo en cuenta el volumen de dinero que mueve, es una posibilidad real de mejorar la sociedad.
Sin embargo, esto no serviría de nada sin medidas para prevenir la corrupción. La percepción de corrupción en España es altísima y eso produce disfunciones en el mercado y una pérdida de confianza en las instituciones. No se trata solo de comprar mejor, sino de que no haya dudas de que esa compra es la que se tenía que hacer.
El impulso a la innovación
Has mencionado la importancia de la compra pública de innovación, ¿por qué es tan relevante?
Es un motor clave para el crecimiento y la competitividad. Fomentar la innovación desde la demanda —que la administración plantee una necesidad— es mucho más potente que la vía de la subvención. Las empresas prefieren esto porque les otorga un primer cliente de referencia, lo que les sirve de modelo para vender luego en otros países.
En el ámbito sanitario es evidente: todos entendemos la necesidad de mejores medicinas o órganos 3D. Pero también ocurre en la construcción, con edificios sostenibles que absorben CO2, o en la gestión de residuos mediante sensores. Todo esto redunda en una mejor calidad de vida para el ciudadano, que es lo que realmente importa.
Retos para la transformación administrativa
¿Qué necesita cambiar dentro de una administración para ejecutar esta compra transformadora?
Primero, un cambio de cultura. Hay que asumir riesgos y entender que el precio no es lo más importante. A veces cuesta explicar esto a los interventores, que están muy influenciados por la visión tradicional de los tribunales de cuentas. Necesitamos formación para todos los intervinientes: si el técnico responsable o el interventor no están convencidos, el contrato no llegará a buen puerto. La contratación ya no consiste en comprar barato, sino en invertir con estrategia.
¿Cómo ves el panorama actual de las cláusulas sociales, ambientales y de género?
Debemos hacer un esfuerzo por incluir a personas en situación de vulnerabilidad. Existe la obligatoriedad de reservar contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción, pero muchas administraciones no lo cumplen. Es necesario elegir contratos o lotes que permitan esta función social.
También hemos avanzado mucho en la protección de los trabajadores. Antes se decía que la relación empresa-trabajador era privada, pero hoy, si una empresa no paga o incumple convenios, podemos actuar. Es un paso muy acertado porque a nadie le interesa un contrato con constantes huelgas y problemas laborales. En cuanto a las cláusulas sociales y de género, el reto es ponerlas como condiciones de ejecución y vigilarlas. No sirve de nada incluirlas si el responsable del contrato no las controla después.
Obstáculos y futuro del sistema
¿Qué nos falta como sistema global para avanzar más rápido?
Nos topamos con el problema de las personas que no quieren cambiar su forma de trabajar o que no quieren asumir riesgos. Además, existe una falta de interoperabilidad desesperante. No es de recibo que tengamos que enviar la misma información de formas distintas a la Junta Consultiva, al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura.
También está la disparidad de criterios. Aunque los tribunales de recursos contractuales han hecho un "papelón" poniendo orden en criterios de adjudicación mal definidos, a veces hay divergencias. Yo soy partidaria de ampliar el recurso especial a todo tipo de contratos, porque no tiene sentido que solo haya orden a partir de ciertas cuantías.
¿Cómo identificaríamos a una administración que ya realiza compra pública transformadora?
Es aquella que trabaja en equipo, que es dialogante y tiene inquietudes. Se nota en sus pliegos: incluyen cláusulas sociales, buscan innovación y no tienen miedo a usar todo el abanico de procedimientos disponibles. No se limitan al contrato menor o al abierto por defecto; se atreven con el diálogo competitivo o la asociación para la innovación. En definitiva, es una administración que no solo tramita contratos, sino que ejecuta una política de contratación.
