La gestión de la contratación pública no solo es un reto administrativo, sino un escenario de interacción constante entre el sector público y el privado. En esta edición de Mesa de Contratación, exploramos la visión de la abogacía externa y cómo la profesionalización y la correcta definición de los contratos son las mejores herramientas para minimizar el conflicto y maximizar el valor público.
Acerca de Esteban Umerez
Esteban Umerez es abogado especializado en derecho administrativo y contratación pública. Con una trayectoria consolidada en el sector privado, actúa como asesor externo tanto para empresas licitadoras como para administraciones públicas (provinciales, autonómicas y locales). Su enfoque combina la base técnica del derecho civil con la especialización procedimental del recurso especial, defendiendo una visión de la contratación basada en el equilibrio de intereses y la resolución extrajudicial de conflictos.
Las 10 claves sobre la visión privada de la contratación
- El desequilibrio jurídico: La administración goza de prerrogativas (interpretación, modificación, resolución) que sitúan al operador económico en un plano de desigualdad real.
- La profesionalización como motor: La administración debe liderar la profesionalización; si el cliente es técnico y riguroso, el mercado se adapta y las "empresas pirata" desaparecen.
- El valor del recurso especial: Es una herramienta vital para obtener respuestas rápidas y técnicas sin necesidad de acudir a la vía judicial, que es lenta e incierta.
- Definición del objeto: La mayoría de los problemas de ejecución nacen de una mala definición de las necesidades y del objeto del contrato en la fase de preparación.
- Cálculo de costes: Un presupuesto base de licitación mal calculado es el primer paso hacia un contrato fallido o un conflicto de viabilidad económica.
- La última media hora: El mito técnico de las plataformas es real; las empresas deben planificar la presentación de ofertas días antes para evitar fallos sistémicos de última hora.
- Motivación de informes: Los redactores de informes técnicos deben ser sucintos pero claros, evitando introducir subcriterios no previstos que abran la puerta a impugnaciones.
- Asesoría preventiva: El 85% del trabajo de un abogado especialista debería ser extrajudicial, enfocado en prevenir conflictos mediante pliegos y ofertas sólidas.
- El responsable del contrato: La falta de un interlocutor capacitado y con liderazgo en la administración dificulta enormemente la resolución de incidencias cotidianas.
- Propósito común: Tanto administración como empresa deben recordar que el objetivo final es satisfacer una necesidad pública; la honestidad en esta relación beneficia a ambas partes.
La conversación con Esteban Umerez
¿Quién es Esteban Umerez y por qué decidió especializarse en contratación pública?
Soy abogado y me dedico al asesoramiento externo del sector privado, aunque también trabajo para administraciones locales y autonómicas. Mi llegada a la contratación pública fue con el Texto Refundido de 2011 y la creación de los tribunales de recursos contractuales. Me atrajo el recurso especial como un mecanismo procesal muy potente para defender los intereses de los clientes. Además, me apasiona cómo la contratación pública aúna el interés general con el derecho contractual y la libre empresa. Es un puzzle complejo y enriquecedor.
¿Qué es lo más difícil para un operador económico al trabajar con la administración?
Lo más difícil es que las partes no están en un plano de igualdad. La administración tiene prerrogativas de interpretación, modificación y resolución que sitúan al contratista en una posición vulnerable. Además, la negociación no es libre; cualquier ajuste debe seguir procedimientos tasados. El último remedio es la tutela judicial, pero las empresas no quieren acudir ahí porque nadie tiene tiempo ni dinero para soluciones que tardan años en llegar.
La anatomía de los problemas en el contrato
¿Cómo clasificarías los niveles de dificultad que enfrenta una empresa en una licitación?
Si seguimos el mapa de vida de un contrato, los problemas se dividen en fases claras:
- Preparación: El fallo sistémico suele estar aquí. Si no se define bien la necesidad ni se calcula correctamente el presupuesto, el contrato nace herido.
- Licitación: Aunque existen dificultades técnicas con las plataformas, las empresas están aprendiendo a no presentar ofertas en la última media hora, que es cuando todo falla.
- Valoración: Para la administración, lo más difícil es motivar los informes técnicos sin patinar ni introducir criterios que no estaban en los pliegos.
- Ejecución: Aquí surgen los modificados, las prórrogas irregulares y los conflictos de interpretación.
¿Qué importancia tienen los pliegos de prescripciones técnicas en la reducción de conflictos?
Son la base de todo. Un buen pliego de prescripciones técnicas que describa claramente qué se espera y qué no del contratista ahorra el 90% de los conflictos posteriores. En obras, por ejemplo, los errores de proyecto y la falta de coordinación entre proyectista, dirección facultativa y contratista generan déficits enormes porque cada uno trabaja con márgenes muy reducidos.
La labor del abogado y la resolución de conflictos
¿Cuál es el papel real de un abogado en este proceso? ¿Es solo para "pleitos"?
Hay una idea equivocada de la profesión. En mi caso, el 85% de mi trabajo es asesoramiento extrajudicial y preventivo. Ayudo a las administraciones a redactar pliegos y a las empresas a preparar ofertas serias calculando bien los costes. Cuando surge el conflicto, mi labor es buscar una solución técnica. Cuando un abogado llama a la administración, no debería ser para "dar una patada en la puerta", sino para encontrar un interlocutor igual de preocupado que busque una salida legal y viable.
¿Cómo valoras el recurso especial ante los tribunales contractuales?
Para mí es una herramienta fundamental. Cuando la negociación no es posible, el recurso especial ofrece una respuesta rápida, técnica y especializada. Lo último que queremos los abogados es litigar en el juzgado, porque para una empresa, tener razón dentro de cinco años no es una solución, es un fracaso.
Hacia una profesionalización real
¿Debe liderar la administración pública la profesionalización del sector?
Sin duda. La administración es el cliente y es quien establece las condiciones. Si la administración es profesional y técnica, los proveedores se ven obligados a adaptarse. Una administración que no ejerce sus prerrogativas o que carece de liderazgo en el seguimiento del contrato permite que las empresas "capturen" el servicio, lo cual es ineficiente y anticompetitivo.
¿Cómo influye la planificación en la calidad de la contratación?
La planificación anual es esencial para evitar la improvisación. Cuanto más improvisamos, más compleja se vuelve la ley. Si aceptamos bien los cimientos de cada contrato (objeto y presupuesto), el conflicto tendrá más sentido o, mejor aún, será inexistente. Al final, las empresas quieren ganar dinero, pero la mejor forma de hacerlo es dar la mejor respuesta posible a su cliente, y la administración debe saber utilizar esa motivación en beneficio del interés público.
¿Es posible alcanzar una relación de colaboración normalizada a pesar de la ley?
Sí, es una cuestión de honestidad y responsabilidad. El mejor resultado para una empresa es hacer bien su trabajo y cobrar un precio justo por ello. Si ambas partes entienden que están ahí para satisfacer una necesidad pública, el conflicto se reduce a lo inevitable, aquello que precisamente nos ayuda a evolucionar.
