Estudios Gobierto

Estudio Anual
Contratación Pública en España
2021

La compra pública se adapta a la "nueva normalidad"

Fe de errores

Actualizado a 3 de marzo de 2021: se ha modificado el gráfico titulado 'Las diez empresas con más volumen adjudicado por la AGE'. Por un error en el procesamiento de un contrato de dos lotes de Renfe Viajeros por importe de 2.726,5 millones de euros, asignamos erróneamente los dos lotes a Stadler Rail Valencia, cuando realmente Alstom Transporte se adjudicó el primer lote (1.232,9 millones de euros) y Stadler Rail Valencia, el segundo (826,2 millones de euros).

Introducción

La contratación pública ha vivido un 2021 de transición y adaptación a las nuevas circunstancias. La mitigación de la pandemia del covid-19 ha ido reduciendo la compra de material sanitario y el uso de los contratos de emergencia tras el pico de primavera de 2020. Al mismo tiempo, la irrupción de los fondos europeos de Next Generation ha condicionado expectativas, planes y prácticas en todos los ámbitos de la compra pública. Si esto no fuera suficiente, el incremento de precios experimentado a lo largo de la segunda mitad del año ha supuesto una dificultad añadida a la hora de contratar proveedores externos.

El  Estudio Anual sobre Contratación Pública en España 2021 de Gobierto se presenta con la vocación de comprender qué ha pasado durante el último ejercicio y anticipar las tendencias para 2022. A partir del análisis de más de 372.000 adjudicaciones publicadas en los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi durante los últimos tres años (sin tener en cuenta los contratos menores), el estudio que estás a punto de leer y ver pretende servir de brújula para moverse en las turbulentas aguas de las licitaciones y adjudicaciones.

La contratación pública está viviendo un apasionante momento de cambios que se traducen en una mayor innovación, transparencia y profesionalización. Desde Gobierto queremos aportar nuestro granito de arena a esta transformación para conocer cómo está cambiando la contratación pública y ayudarte a establecer tu propia estrategia.

Acerca de Gobierto

Gobierto ofrece servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas. Está desarrollando Gobierto Contratación, una herramienta de seguimiento, control, planificación y gestión de información para ayudar a entidades públicas en sus tareas de contratación a partir de la información de más de dos millones de contratos públicos.

Principales hallazgos

  • Los contratos supersimplificados (17,4% del total) y los basados en acuerdos marco (12,8%) han aumentado de manera considerable en el último año gracias a los cambios normativos que han incentivado su uso.
  • Tras la irrupción del covid-19 y el consiguiente parón de la actividad económica de 2020, los contratos de obras empiezan a recuperar su peso en detrimento de la adquisición de suministros.
  • Los ayuntamientos recuperan peso en la compra pública (37,8% de las adjudicaciones analizadas). Las comunidades autónomas todavía mantienen niveles superiores a los de 2019, posiblemente por la adquisición de productos sanitarios y la recuperación de la obra pública.
  • El crecimiento de las adjudicaciones relacionadas con consultoría de ingeniería y construcción y servicios de arquitectura e ingeniería apuntan tanto a la planificación de futuras obras como a la necesidad de recurrir a jefes de proyectos externos para hacer seguimiento de las obras en curso.
  • Casi 14.000 contratos se adjudicaron en diciembre de 2021, una cifra similar a los niveles previos a la pandemia. Este aumento de la compra pública podría deberse tanto a la recuperación de la actividad económica como a la llegada de los primeros fondos europeos.
  • La inflación de precios ha comenzado a trasladarse a la compra pública en tres aspectos: un aumento de las licitaciones desiertas hasta cifras récord (más del 6% de los contratos de obras en el último trimestre), una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores.

La contratación pública en 2021

Tras el atípico año 2020 en el que las estrellas de la contratación pública en España fueron los contratos de emergencia y los negociados sin publicidad, el último ejercicio ha supuesto un cambio de paradigma motivado principalmente por la subida de los umbrales de los contratos por procedimiento simplificado abreviado -también conocidos como supersimplificados- y por la llegada de los primeros fondos europeos de Next Generation. 

Aunque el concurso abierto continúa siendo el procedimiento más habitual para la compra pública al representar casi la mitad de las adjudicaciones, se encuentra muy lejos del 54% que llegó a suponer antes de la pandemia del covid-19. Esta pérdida del peso de los contratos abiertos se debe especialmente al aumento de los supersimplificados y los contratos basados en acuerdo marco.


El supersimplificado ya es el segundo procedimiento de contratación más habitual al suponer el 17,4% de las adjudicaciones, un punto porcentual más que en 2019. Como ya comentamos en nuestro Estudio Gobierto sobre los contratos simplificados, el aumento de los contratos supersimplificados lo ha hecho “a costa de los procedimientos simplificados y no de los contratos menores o abiertos, lo que limita el éxito de la medida”. No en vano, el procedimiento abierto simplificado ha pasado de ser el tercero más habitual antes de la pandemia (12,9%) al quinto, con el 8,5%. El incremento de los contratos supersimplificados también se explica por el aumento del umbral (de 35.000 a 60.000 euros en servicios y suministros) que entró en vigor en 2021.

En cuanto a los contratos basados en acuerdo marco, su importancia se ha duplicado en tan sólo un año: del 6,2% al 12,8%. Este boom parece tener su origen en el artículo 54.2 del Real Decreto Ley 36/2020, que habilita al Ministerio de Hacienda a “suscribir acuerdos marco que fijen las condiciones a las que ha de ajustarse la contratación de los diferentes ministerios y organismos de la Administración General del Estado, en el ámbito de la asistencia técnica, la consultoría y la auditoría”.

En definitiva, asistimos a una modernización de prácticas de contratación hacia modelos más ágiles y rápidos gracias a cambios normativos que los han incentivado, ya sea por el aumento de los umbrales máximos de adjudicación como por la reducción de trámites previos y la necesidad de poder ejecutar el gasto antes del cierre de ejercicio.

2021 también ha sido el año en el que los contratos de obras se han recuperado tras la eclosión de los de suministros para hacer frente al covid-19. Como recuerda Alberto Robles, ingeniero civil del Ayuntamiento de Burgos, “la patronal Seopan estimó un incremento de la licitación de casi 21.000 millones de euros en 2021 respecto al año anterior, lo que suponía casi un 50% más”. De esta forma, la distribución de las adjudicaciones se va pareciendo cada vez más a la que había antes de la pandemia: 43-45% de servicios, 35-37% de suministros, 15% de obras y 5% de otro tipo.


Volvemos así a unas necesidades de compra más acordes a la nueva normalidad. La mejora de la situación pandémica ha facilitado la planificación de la contratación en la medida de lo posible. La compra de suministros en 2020 era una mezcla entre la necesidad de adquirirlos y la oportunidad de que los hubiera, multiplicando los contratos a lo largo del año. En 2021, en cambio, la capacidad de hacer pedidos más grandes ha supuesto una reducción del número de contratos. Por otro lado, tanto el efecto arrastre de las obras que no pudieron realizarse durante los meses de confinamiento como los nuevos planes de 2021 han motivado la recuperación de los trabajos de construcción.

Estas circunstancias explican tanto la caída de contratos adjudicados el pasado año por parte de las comunidades autónomas –menos exigidas en el ámbito sanitario- como el incremento de las licitaciones de los ayuntamientos al tener que afrontar una gran cantidad de obras. En conjunto, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos licitaron el pasado año más del 78% de los contratos analizados por Gobierto Contratación. Pese a la caída respecto a 2020, las licitaciones de las comunidades autónomas todavía se encuentran por encima de los niveles de 2019 al representar una de cada cuatro adjudicaciones.


En cuanto a la distribución por rangos de precios, el 22,2% de los contratos se licitó por menos de 15.000 euros durante el último ejercicio, por el 25,7% del año anterior debido a las compra masiva de suministros para afrontar el covid-19. El siguiente rango más habitual de precios es el de 50.000-100.000 euros: una de cada seis adjudicaciones se licitó entre estas cantidades.

Esta distribución general varía al estratificarla por tipos de contratos. Como observamos en el siguiente gráfico, los precios de licitación por debajo de los 15.000 euros son muy habituales en los contratos de suministros y de otro tipo, especialmente los de colaboración público-privada y los patrimoniales. En cambio, a partir de los 50.000 euros, los contratos de obras llegan a superar hasta en diez puntos porcentuales la media nacional.

Todo esto abunda en lo que estábamos comentando: 2021 ha sido el año de la “nueva normalidad” de la contratación pública. La tensión de la demanda de material sanitario vivida en 2020 aumentó la cantidad de contratos de suministros con importes por debajo de los 15.000 euros al coincidir dos fenómenos: una falta de oferta para hacer contratos más grandes y la incertidumbre de una situación de emergencia que obligaba a comprar rápido y a corto plazo. Esta situación no parece haber continuado en 2021, donde la recuperación de los contratos de obras y la inflación han provocado un aumento de las licitaciones de importes superiores a los 50.000 euros.

En qué áreas se ha contratado más

En Gobierto Contratación ya hemos hablado en varias ocasiones de la importancia del CPV, el Common Procurement Vocabulary, un vocabulario con casi 10.000 términos que sirve para clasificar las licitaciones por temas. 

Los CPV también son fundamentales para esbozar el panorama de gasto de la contratación pública. De las más de 112.000 adjudicaciones (sin incluir los contratos menores) publicadas en los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi en 2021, uno de cada siete tiene que ver con trabajos de construcción. Este 14% es el doble que la segunda compra pública más frecuente, la relativa a artículos médicos y farmacéuticos.


Como ya hemos visto en el anterior apartado, los contratos de obras se han recuperado el pasado ejercicio tras el parón que sufrieron en 2020 tras la irrupción del covid-19. Al entrar en más detalle en los CPVs, se observa este aumento de las adjudicaciones en materia de construcción en detrimento de las de material médico fungible y limpieza. Los contratos de seguros, consultoría, publicidad y software completan el top 10 de contratos públicos por CPV a cuatro dígitos.

Los dos últimos años de compra pública en España nos dicen mucho de la acción pública en este tiempo. Se ha pasado de priorizar en detener el contagio del covid-19 y proteger a los profesionales en primera línea de riesgo a tratar a las personas con vacunas y medicamentos, cuyo costo supera el de 2019. En cambio, la recuperación de los contratos de construcción de redes y de inmuebles también ha sido sustancial, pero no llega a los niveles de 2019.

Dos de los CPVs que más crecen son los de consultoría de ingeniería y construcción y arquitectura e ingeniería. A esto se le pueden dar dos explicaciones: la planificación de obras que se desarrollarán en los próximos años -lo que podría repercutir en un mayor número de este tipo de contratos- o bien que la Administración haya recurrido a jefes de proyectos externos para poder hacer seguimiento de todas las obras en curso. 

Esta distribución es diferente para cada administración al entrar en juego el reparto de las competencias. Así, no es de extrañar que uno de cada cuatro contratos adjudicados por las comunidades autónomas el pasado ejercicio se destinaron a la compra de material médico, toda vez que la sanidad es competencia autonómica. Para las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales) los trabajos de construcción representan más del 20% de las adjudicaciones, mientras que los servicios de transporte tienen un peso importante para las mancomunidades, ya que estas administraciones se encargan de ofrecer servicios a los ayuntamientos de una misma comarca. En cuanto a la Administración General del Estado, el reparto de las adjudicaciones por CPVs es más diverso, dedicando uno de cada diez contratos a labores de reparación y mantenimiento de servicios públicos.

La distribución de CPVs por tipo de administración nos indica que el mapa institucional español va recuperando la normalidad. Las CCAA siguen fuertemente marcadas por la necesidad de hacer compras de material médico, aunque también es muy importante el campo de la construcción y el mantenimiento. Sin embargo, cuando vamos a la administración más numerosa de España, la local, se observa una mayor predisposición a las obras y también a actividades relativas a la cultura y el deporte. Por su parte, la AGE tiene una amplia variedad de partidas debido a su mayor tamaño, lo que aumenta la diversidad de los CPVs. 

Los Top 10

Los ránkings y las clasificaciones juegan un importante papel en cualquier informe anual. Con todas las precauciones con las que hay que tratar las licitaciones publicadas en las plataformas de contratación –falta de homogeneidad y consistencia, errores en la introducción de los datos…–, a continuación resumimos en cuatro gráficos las instituciones de la Administración General del Estado y las empresas con más licitaciones y volumen adjudicado en 2021.

La contratación que viene

¿Se mantendrá el repunte de la contratación de finales de 2021?

El pasado año se cerró con un incremento de la compra pública hasta niveles que no se veían desde hace más de un año. Casi 14.000 contratos se adjudicaron en diciembre, una cifra similar a los niveles anteriores a la pandemia del último trimestre de 2019. Entre las posibles razones que podrían explicar este aumento están tanto la recuperación económica tras los peores momentos del covid-19 como la llegada de los primeros fondos europeos de Next Generation.

Ante la importancia que tendrán los fondos europeos durante los próximos años y la compleja fiscalización de tantos contratos, parece necesario impulsar la prevención de la corrupción a través de planes antifraude. Según Concepción Campos Acuña, funcionaria de Habilitación Nacional, Doctora en Derecho y experta en compliance, “la aprobación de los planes antifraude para la gestión es sólo el primer paso de proceso que exige la Orden Ministerial, por lo que 2022 será el año en el que deberá llevarse a cabo su implantación y, por lo tanto, el momento de la verdad”. Y abunda: “Será en este proceso en el que habrá que aterrizar conceptos como la gestión de riesgos en la contratación, no sólo en la preparación y en la adjudicación sino también en la ejecución, una fase muy olvidada en términos de control a pesar de la imposición obligatoria de la figura del responsable del contrato”.

Bernabé Palacín, de la Dirección General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Logroño y experto en contratación pública, va más allá y pide “obtener el máximo provecho de los fondos públicos invertidos en la contratación pública”. “Conceptos como ciclo de vida, economía circular, beneficios sociales, unidos a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interés, nos ayudarán a materializar los ahorros que buscamos, en la certeza de que además es preciso medir para revisar y mejorar lo realizado. Aspecto este último que conecta con el seguimiento de la ejecución de los contratos y sus indicadores”, explica.

Los supersimplicados y los basados en acuerdos marco están de moda

Como ya mencionamos anteriormente, las estrellas de la contratación pública en 2021 han sido los supersimplificados y los contratos basados en acuerdos marco. Los primeros se encuentran en máximos y ya representan una de cada cinco adjudicaciones tras el aumento de los umbrales el pasado año. Los segundos han ido ganando importancia desde el pasado mes de marzo y han llegado a suponer el 16% de los contratos adjudicados en octubre.

Respecto a los simplificados y supersimplificados, el aumento de los umbrales y una gestión más rápida tras los meses de paralización de 2020 suponen importantes incentivos para su extensión. Los cambios normativos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que flexibilizan los criterios de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), pueden anticipar un uso si cabe más frecuente durante el presente ejercicio.

En cuanto a los contratos basados en acuerdos marco, las acciones para aumentar su uso, como la excepción de la autorización de contratar, parecen haber surtido efecto en la agilización de los procedimientos. Habrá que observar si estas tendencias hacia fórmulas más ágiles y flexibles han venido para quedarse y si sus efectos transformadores se logran de manera efectiva en la acción pública.

Las licitaciones de emergencia desaparecen tras su excepcionalidad

2021 ha sido el segundo año de pandemia pero con una situación sanitaria menos dramática que la vivida en primavera de 2020. Esta menor incidencia y gravedad del covid-19 gracias a la llegada de las vacunas ha tenido sus consecuencias en la contratación pública, especialmente en lo referido a los contratos de emergencia. Si en los peores momentos de la pandemia, en abril de 2020, las administraciones llegaron a licitar por esta vía casi el 30% de los contratos públicos, este porcentaje ha descendido hasta el 2% durante la segunda mitad del pasado año.

Este 2% aún sigue siendo un porcentaje más elevado que el que había antes de la pandemia. En este sentido cabe preguntarse si el procedimiento de emergencia es la fórmula más adecuada para afrontar la “nueva normalidad” o simplemente se ha convertido en un atajo para solventar una falta de previsión en la compra pública.

Algo parecido ha ocurrido con los negociados sin publicidad, que en abril de 2020 llegaron a representar la mitad de los contratos públicos. Tras un nuevo aumento durante los primeros meses de 2021, este porcentaje se fue reduciendo paulatinamente hasta situarse por debajo del 10%, en niveles previos a la pandemia. Al igual que ya hemos visto con los contratos de emergencia, hay una bajada importante respecto a 2020 pero a diferencia de estos, los negociados sin publicidad sí se encuentran en cifras similares a las de 2019.

Bernabé Palacín, del Ayuntamiento de Logroño, apuesta por “continuar con la minoración de procedimientos menores y negociados sin publicidad, nicho de ahorro neto derivado de un incremento de licitadores, en definitiva de competencia”. Palacín recuerda la situación vivida durante el primer estado de alarma, “en el que se produce un auténtico caos de precios, nunca pactados, sino sometidos a los intereses cambiantes de los proveedores y bajo condiciones muy gravosas para los intereses públicos”.

Los contratos desiertos, en aumento por el encarecimiento de precios

Los problemas en las cadenas de suministros y el consiguiente aumento de los precios ha sido otro de los escenarios que han dominado el pasado año. Este incremento de los costes se ha traducido en un mayor número de adjudicaciones que no han recibido ninguna oferta o han sido abandonadas por las administraciones durante el proceso de licitación.

Este aumento ha sido especialmente significativo en los contratos de obras, tradicionalmente los que tienen menos adjudicaciones desiertas, con porcentajes entre el 4% y el 6%. Tras el pasado mes de verano, el porcentaje de contratos de obras desiertos o abandonados aumentaron considerablemente hasta rozar el 9% en noviembre, la cifra más alta del período analizado.

Álvaro García Molinero, interventor en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, subraya que la inflación de precios obliga a los órganos de contratación pública a “tener en cuenta tales hechos a la hora de configurar los pliegos que han de regir los distintos contratos públicos”. Alberto Robles, ingeniero civil del Ayuntamiento de Burgos, explica que el aumento de los precios puede afectar a las ofertas de los materiales que hacen los proveedores a los contratistas, ya que “son muy limitadas en el tiempo, llegando a cotas que rozan el asombro, tales como tres días en ‘metales’ como las señales de tráfico, o estableciendo directamente un precio orientativo con obligación de aceptar subidas a la recepción del contrato”.

Robles lo tiene claro: “El reto de las administraciones públicas no pasa tanto por articular mecanismos de revisión a lo loco. El verdadero reto es sencillo, antiguo y por todos conocido: agilizar la licitación, que desde la redacción del proyecto de obras hasta su acta de comprobación del replanteo no pasen meses, para así tener precios lo más actualizados posibles y no caer en supuestos secuestros intelectuales en las revisiones”.

Las administraciones han perdido capacidad de ahorro por la inflación

El encarecimiento de los precios ha tenido un segundo efecto: la pérdida de capacidad de ahorro por parte de las administraciones públicas. Si en los dos anteriores años el ahorro medio –entendido como el porcentaje de ahorro que supone el importe de adjudicación respecto al presupuesto base de licitación– había oscilado en torno al 18%, durante el año 2021 este indicador ha caído cuatro puntos porcentuales hasta situarse en el 15,5%, el dato más bajo desde 2017.

Como explicaremos más en detalle en un nuevo Estudio Gobierto que se publicará en las próximas semanas, este descenso de los descuentos es más acusado en los contratos de obras y suministros, toda vez que la inflación de materias primas y mercancías se ha trasladado a los precios de la compra pública. En cambio, el ahorro medio de los servicios, provistos esencialmente por personas y cuyo coste principal es el salario, se ha mantenido relativamente estable.

El impacto de la inflación en la compra pública es más visible dado que los contratos se han licitado basándose en presupuestos elaborados en 2020 pero con precios fijados en 2021. La caída del ahorro ha sido más visible en aquellos sectores en los que el aumento de precios ha sido más rápido y directo, como en las materias primas o los suministros. Este fenómeno nos lleva a prestar atención a cómo la administración se adaptará a este nuevo escenario en un 2022 donde la situación inflacionista puede ser grande pero ya no sorpresiva ni repentina. La capacidad de previsión y planificación de los precios puede ser el elemento diferencial entre poder ejecutar los contratos en tiempo y forma o no poder hacerlo por falta de competitividad.

Fenómenos que nos han llamado la atención

La distribución mensual de la contratación pública en 2021

La contratación pública es cuestión de tiempos y momentos. Los dos primeros meses del año es un tiempo de impasse para la compra pública, cuando las administraciones públicas planifican el ejercicio y empiezan a preparar los contratos más importantes del año. Desde marzo hasta julio es la época fuerte de las licitaciones, el momento en el que las administraciones publican las ofertas. Los contratos menores también repuntan con la primavera y, algo más tarde, las adjudicaciones de los grandes contratos, que tienen su primer momento de esplendor entre mayo y julio.

Tras el parón vacacional de agosto, el inicio del curso en septiembre tiene un claro protagonista: las adjudicaciones de los contratos con competencia. A medida de que se va acercando el cierre del ejercicio, las administraciones se apresuran a cerrar adjudicaciones para incluirlas en el presupuesto del año. En cambio, las nuevas licitaciones caen drásticamente en los dos últimos meses del año, donde el periodo de tramitación no permite la formalización de los contratos en el mismo ejercicio presupuestario. Este descenso también se observa en diciembre para los contratos menores. Si los primeros meses del año se dedican a preparar licitaciones, el cierre del año se dedica a resolverlas, lo que deja margen para poco más.

La distribución de la compra pública por día de la semana

Que la contratación pública se decide de lunes a viernes no es ningún secreto de Estado. Lo que se conoce menos es que la actividad licitadora va aumentando a medida que pasa la semana. El jueves es el día preferido para adjudicar contratos, mientras que el viernes es el momento favorito para publicar las nuevas licitaciones. La distribución semanal de los contratos menores es más homogénea y sin un patrón claro.

La distribución de las adjudicaciones por número de ofertas

Algo más de la mitad (55%) de los contratos adjudicados en 2021 recibieron más de una oferta, es decir, se adjudicaron en un proceso de competencia entre empresas. En cambio, cuatro de cada diez adjudicaciones sólo tuvieron una única oferta. El contrato con más ofertas recibidas fue el Acuerdo Marco para el servicio de transportes a centros docentes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, que recibió 187 ofertas.

La menor competencia en los contratos de obras

Si los contratos de servicios y suministros reciben de media unas tres ofertas por licitación, los contratos de obras se encuentran muy por encima de esta cifra. No obstante, como consecuencia del encarecimiento de las materias primas a lo largo del pasado año, la media de ofertas ha caído drásticamente, pasando de ocho en marzo de 2021 a no llegar a las cinco propuestas desde septiembre. Esto entra en línea con el aumento de contratos desiertos en el mismo periodo de tiempo.

¿Y los contratos menores?

Hasta ahora nos hemos centrado en los procedimientos de contratación que favorecen la libre competencia. En este apartado abordaremos el proceso más común en las administraciones públicas, la contratación menor, aquella que permite la licitación de servicios y suministros de menos de 15.000 euros y de obras por menos de 40.000 euros, o importes mayores en caso de ser suministros con un único proveedor. Tanto la complejidad y heterogeneidad de los contratos menores como la manera en la que se publica su información en las plataformas impiden un análisis sistematizado de los mismos, un obstáculo al que también se enfrenta cada año la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Estas son algunas pinceladas que deja la exploración de los cerca de 293.000 contratos menores adjudicados en 2021 recopilados por Gobierto Contratación.

Nueve de cada diez contratos menores tienen por objeto la adquisición de servicios o suministros. El porcentaje restante se reparte entre el 7,6% de contratos de obras y el 1,5% de otros tipos de contratos.

Al igual que ocurre en la contratación con libre competencia, los ayuntamientos son las entidades que más usan la contratación menor: cuatro de cada diez menores publicados en 2021 en los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi fueron licitados por gobiernos municipales. Las comunidades autónomas y la Administración General del Estado representan el 16,3% y el 13,8%, respectivamente.

Entre los cerca de 293.000 contratos menores analizados, Castilla-La Mancha es la institución que recurre más a esta fórmula, con más de 10.600. Por detrás de ella se sitúan el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora de Castilla y León y las universidades de Murcia y Jaume I de Castellón. AENA es la única entidad de la AGE que aparece en este top 10, con 2.750 contratos menores.

La diferencia de prácticas a la hora de realizar contratos por importes de pequeña cuantía y de presentar información afecta a la lectura de estos datos. Por un lado, con los tamaños y presupuestos de la gran mayoría de los municipios aumenta la probabilidad de que sus compras se realicen con importes inferiores a los límites legales. Por otro lado, la flexibilidad que permite ejecutar determinadas compras de importes bajos por caja fija hace que muchas compras no se realicen a través de contratos menores. Esto quiere decir que la lectura de los contratos menores afecta a aspectos estructurales, así como a prácticas de contratación que potencian la transparencia de las entidades que publican de manera automática muchas compras que otras realizan sin recurrir a la normativa de contratación pública. 

En cuanto a la distribución de precios de los contratos menores de suministros y servicios, ocho de cada diez adjudicaciones se licitaron por menos de 5.000 euros, siendo los rangos de precios más habituales los de 0-100 euros y 1.000-2.500 euros. A partir de los 5.000 euros, el número de contratos menores se va reduciendo hasta el umbral más próximo al límite legal, donde se observa un repunte a partir de los 14.000 euros de adjudicación.

En cuanto al plazo de ejecución de los contratos menores, el 54% tiene una duración inferior a los dos meses, mientras los trabajos de un 14,7% llegan a durar un año. Cabe destacar que el 13,6% de los contratos menores explorados por Gobierto Contratación carece de esta información, imprescindible para la rendición de cuentas de las administraciones públicas.

Cómo hemos hecho el Estudio Anual / Metodología

Gobierto Contratación, la primera herramienta de seguimiento, control, planificación y gestión de la contratación pública en España, tiene recopilados y sistematizados más de dos millones de contratos publicados en los portales de contratación del Estado, Catalunya y Euskadi. Esta es la información madre con la que hacemos todos nuestros estudios, incluido el Estudio Anual sobre Contratación Pública en España.

Los seis primeros apartados de este informe anual se basan en el análisis de cerca de 373.000 contratos adjudicados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive, sin tener en cuenta los contratos menores. Algo menos de 137.000 contratos corresponden a 2019, 123.000 a 2020 y unos 112.600 a 2021. El epígrafe referido a la contratación menor se basa en la exploración de casi 293.000 contratos menores adjudicados el año pasado.

Falta de información, falta de homogeneización o errores en la entrada de los datos son algunas de las inconsistencias más habituales en los contratos publicados en las plataformas de contratación. Por este motivo, las cifras ofrecidas en este informe han de tomarse con las debidas precauciones. 

Aspectos como el total de contratos adjudicados mediante procedimiento abierto simplificado abreviado o la adjudicación a empresas están sometidos a imprecisiones por la carencia de información consistente en el sistema. Por esta razón, los contratos supersimplificados se refieren a los que están por debajo de los importes previstos por la normativa sin tener en cuenta el resto de criterios, como por ejemplo la exclusividad de uso de criterios objetivos de adjudicación. Las empresas pueden tener múltiples contratos bajo diferentes tipografías o denominaciones o como parte de una UTE, lo que ha impedido un tratamiento uniforme.

El valor del Estudio Anual sobre Contratación Pública en España 2021 de Gobierto se encuentra en la advertencia de tendencias y cambios en las dinámicas de la compra pública y no tanto en las cifras absolutas. Como complemento a este estudio, recomendamos el Informe Anual de Supervisión de la Contratación Pública de España 2021 de OIReScon.

Los datos de la mayoría de los gráficos están disponibles para su descarga. Además, los gráficos se pueden insertar en cualquier otra página web. Cuando uses los datos o los gráficos de este informe, te agradeceríamos que cites adecuadamente a Gobierto y enlaces a este informe. Si quieres saber más sobre nuestros datos, cómo hemos realizado el Estudio Anual 2021 o tener acceso a Gobierto Contratación, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de abre@gobierto.es.

El Estudio Anual sobre Contratación Pública en España 2021 de Gobierto ha sido un trabajo conjunto de Jesús Escudero, Sergio Jiménez, Daniel Alonso, Álvaro Ortiz y Fernando Blat.

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