Hasta hace unos pocos años era un ritual que se repetía cada día. Representantes de empresas licitadoras se presentaban en la sede de un organismo público para entregar en mano los sobres cerrados con sus ofertas técnicas y económicas para llevarse un contrato público. Varias semanas después, en el día y hora convenidos, los representantes regresaban a la sede para presenciar la apertura pública de plicas y conocer, por fin, las ofertas y puntuaciones recibidas.
Este ritual cada vez es menos frecuente a medida que la licitación electrónica se expande por las administraciones públicas. No ha sido un camino rápido: se han requerido varios esfuerzos normativos para conseguirlo. La directiva europea 2014/24/UE, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 9/2017 de Contratos han hecho obligatoria de manera más o menos explícita esta necesidad pero con un éxito paulatino. El problema no es tanto de norma como de la auténtica disponibilidad y capacidad de las AAPP de poder ofrecer este canal como principal y hasta exclusivo para realizar las licitaciones.
En los últimos cuatro años la brecha entre la presentación electrónica y manual se ha ampliado de los seis puntos porcentuales –52,3% electrónicas por 46,3% manuales– hasta los ochenta –89,2% y 9,6%, respectivamente–, según los datos recopilados y analizados por Gobierto Contratación (contratos.gobierto.es) de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE). Casi nueve de cada diez licitaciones se presentan ahora por canales digitales en internet. Como muchas otras cosas relacionadas con la transformación digital, ha sido el COVID lo que ha acelerado el cambio y no las normativas nacional y europea. La pandemia, especialmente tras el primer estado de alarma de la primavera de 2020, ha agudizado esta tendencia que ya se venía advirtiendo desde 2019.
El auge de la licitación electrónica la ha convertido en el nuevo estándar de la compra pública española. Esta forma de presentación requiere nuevas reglas de juego y una rápida adaptación de los sistemas digitales públicos a las necesidades de órganos adjudicatarios y licitadores. También sería conveniente una homogeneización de los requisitos técnicos y formularios de cumplimentación entre administraciones para facilitar la actividad licitadora de las empresas. La fragmentación competencial y territorial del Estado y la diversidad de soluciones públicas y privadas para licitar complican esta aspiración.
Las administraciones han encontrado la solución a estos objetivos en la PLACE, que se ha convertido en el referente de la contratación pública en nuestro país. El auge de la licitación electrónica está motivado principalmente porque los órganos adjudicatarios han recurrido a la plataforma de titularidad de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública para gestionar sus licitaciones electrónicas. Si en los primeros meses de 2019 el 40% de las adjudicaciones se presentaban electrónicamente a través de PLACE, este porcentaje se sitúa ahora por encima del 70%. En cambio, las licitaciones electrónicas a través de sistemas externos se han mantenido estables en torno al 16% durante este tiempo.
El auge de PLACE frente a la estabilidad de los sistemas externos sería coherente con un mercado digital en el que un grupo de actores muy tecnificados adoptaron rápidamente soluciones tecnológicas externas. El resto de agentes del mercado ha optado por la solución del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya sea porque no han necesitado soluciones privadas del mercado o porque la incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades en PLACE la haya hecho más atractiva para los organismos adjudicadores. La plataforma estatal ha cubierto las necesidades de la gran mayoría de administraciones españolas que se ha sumado a la licitación electrónica cuando no han tenido otra opción, pero una vez lo han hecho, se han quedado.
Más de 3.100 licitaciones en mano hasta abril
En los cuatro primeros meses del año se han licitado electrónicamente más de 25.000 adjudicaciones –unas 20.500 a través de PLACE y cerca de 5.000 por otros sistemas externos– por las más de 3.100 que han seguido el tradicional proceso de entrega en mano. Es decir, por cada licitación que se entrega en mano, otras ocho se presentan mediante canales digitales.
Las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades y comarcas– aglutinan la mayor parte de las licitaciones manuales, con un elevado peso también de las sociedades, fundaciones y consorcios públicos. En cambio, la presentación en mano es residual en las instituciones dependientes de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.
Donde más predomina aún la compra pública presencial es en las entidades locales andaluzas, que representan cerca del 28% de las licitaciones manuales de este año. También destacan los casos de sociedades estatales como Renfe, Aena, ENAIRE o la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, que todavía hoy en día recurren en su mayoría a la presentación en mano de las ofertas a los concursos públicos, lo que contrasta con la presencia residual de esta forma de presentación entre los organismos de la AGE.
Podemos observar dos importantes escenarios para las licitaciones que aún no son electrónicas. Por un lado tenemos administraciones que no han necesitado dar ese salto, ya obligatorio por ley. Esto posiblemente se deba a cuestiones o bien de agenda de cambio (no se ha iniciado) o porque el propio volumen de la contratación no incentiva el esfuerzo que supone adoptar los sistemas digitales. En el otro extremo tenemos organizaciones que compran mucho y muy caro, pero que pueden estar condicionadas por criterios especiales en su procedimiento de contratación.
Se ha necesitado tres leyes, más de un lustro y una pandemia para adoptar la contratación pública electrónica. La disponibilidad de la PLACE ha sido un elemento definitivo a la hora de generalizar la adopción de esta modalidad. Aunque la licitación electrónica es obligatoria, también lo es el procedimiento electrónico por defecto y, por lo tanto, la contratación completa de extremo a extremo. En este sentido, quizá no exista un equivalente a la PLACE que pueda cubrir en igualdad de condiciones a una gran variedad de administraciones.
El proceso de licitación está muy regulado por ley, pero los procedimientos internos varían mucho entre administraciones, lo que complica la adopción de una solución universal completamente adaptable. Además, es más fácil cumplir con los requisitos visibles de la licitación que los internos de cada administración. En todo caso, tanto la evolución de la tecnología como la financiación de proyectos de digitalización con los fondos europeos NextGenerationEU pueden ampliar el alcance de la licitación electrónica en el sector público.
—
Nos encanta que utilices la información que publicamos en nuestro blog, pero si lo vas a hacer acuérdate de citar a Gobierto y añadir un enlace a este post. Obtén más detalle sobre las licitaciones y adjudicaciones del sector público en Gobierto Contratación (contratos.gobierto.es). Solicita más información en abre@gobierto.es.
