Presupuesto Base de Licitación y Valor Estimado del Contrato

Apúntate a nuestra próxima sesión en directo y consulta el archivo.

Gobierto crea herramientas para ayudar en el control y planificación de la contratación pública
‍
‍
Algunos recursos
‍
Glosario de contratación pública

Estudios Gobierto

Podcast Mesa de Contratación

‍

Consigue acceso gratuito a nuestro explorador de datos de contratación pública

Solicita acceso

Gobierto diseña y construye servicios digitales para administraciones públicas
‍
‍
Algunos recursos‍‍

‍

El Presupuesto Base de Licitación (o PBL) es el límite máximo que puede comprometer el órgano de contratación con el Impuesto de Valor Añadido.

Es el valor máximo que puede destinar a un contrato en concreto una Administración Pública sin contemplar situaciones que lo puedan aumentar su duración o condiciones, tal y como son las prórrogas o las modificaciones posibles que puede incluir.

Es decir, es el importe máximo de la adjudicación del contrato sin contar las posibles prórrogas y modificaciones, que junto a él constituyen el valor estimado.

En los casos de los contratos por lotes, es la suma de los presupuestos base de cada uno de los lotes. El presupuesto base de licitación es determinante para los umbrales definidos para el tipo de procedimiento a aplicar.

Habitualmente, en las diferentes plataformas de contratación se suele referenciar este valor sin IVA.

Presupuesto Base de Licitación, Valor Estimado del Contrato y Precio

Conviene diferenciar entre diferentes términos económicos relativos a una licitación pública.

Valor estimado del Contrato. Es el Presupuesto Base de Licitación y, además, posibles importes eventuales relacionados con el contrato como la posibilidad de modificaciones del importe dentro de los límites previstos por la ley (hasta el 20% del precio de adjudicación) y las prórrogas.
El Valor Estimado es fundamental para la reserva de crédito y el compromiso para posibles anualidades futuras relacionadas en el contrato y para la definición de si se supera o no el umbral por el que tendrán que estar sometidos a régimen armonizado o contratos SARA. Esto se debe a que si no se tiene en cuenta, un contrato podría licitarse con un presupuesto base de licitación por debajo del umbral SARA, evitando las medidas de transparencia y compliance adicionales, para inmediatamente después modificarse y superar dicho umbral.
Precio de Adjudicación del Contrato. Es el precio por el que se adjudica el contrato y que tendrá impacto especialmente tanto en las prórrogas como en el importe máximo de modificación del importe.

¿Cómo se calcula el Presupuesto Base de Licitación?

El artículo 100 de la LCSP define el PBL y señala que debe ser el adecuado a los precios de mercado y que debe ir desglosado en:

Costes directos, que son aquellos identificables y con una relación directa en la elaboración del contrato (compra de materiales o suministros, horas de trabajo directo de producción, etc.)
Costes indirectos, que son los que no son fácilmente identificables o asignables a un objetivo concreto del contrato, como por ejemplo, un equipo usado para diferentes contratos en períodos de tiempos coincidentes
Otros gastos eventuales.

La cuestión no es tanto esta genérica asignación de componentes, sino la indefinición de aspectos críticos para la definición correcta de los costes.

Problemas en el cálculo del Presupuesto Base de Licitación

Si bien tenemos unos componentes definidos pero no fácilmente identificables de este cálculo, hay varios problemas relativos al cálculo correcto del presupuesto base de licitación.

La definición de costes no está contemplada por la ley ni por ningún órgano. Existen elementos que son costes evidentes (materiales, mano de obra, etc), pero otros no son tan sencillamente identificables (por ejemplo, costes de financiación de la empresa, o el margen de beneficio).
El cálculo del coste no es sencillo. Salvo en el caso de la mano de obra, donde el propio artículo 100 de la ley define que se estimará por los perfiles profesionales y el convenio colectivo correspondiente, en otros casos, este cálculo no es fácilmente identificable, como por ejemplo, el coste de determinados suministros o servicios necesarios para la realización del contrato.
El precio no es conocido o identificable. En muchos casos las administraciones públicas tienen un conocimiento del precio de un bien o servicio porque lo han tratado con anterioridad, el mercado es accesible y conocido, o bien, pueden utilizar la guía de otras administraciones. Sin embargo, en materias complejas o desconocidas (más allá de los casos que permiten abordajes alternativos, como la compra pública innovadora) el cálculo es complicado ante la falta de escalas o referentes compartidos.